Esta ley refuerza las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, ampliando los sujetos obligados a sectores como notarios, contadores, casinos, empresas inmobiliarias, concesionarias de automóviles, joyerías y proveedores de activos virtuales.
Para cumplir con la normativa, las empresas deben:
Además, la ley impulsa la cooperación internacional en el intercambio de información y endurece las sanciones para quienes no cumplan con los requisitos, incluyendo multas elevadas y consecuencias
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